Rompamos la Hegemonía de los Movimientos o Corrientes Políticas

Ciudadano, compatriota:

Por más de veinte (20) años el pueblo hondureño ha sido sometido a un caudillismo y oligarquía política, que por tradiciones y nepotismo malaventurados y deplorables, les han permitido controlar a su antojo y conveniencia los partidos políticos legalmente inscritos.

Esta  trama  ha  sido  posible por la confabulación de dirigentes políticos que  lograron,  sin  debate   público  y a espaldas del pueblo, promulgar  una  Ley  Electoral que en la práctica viola los más elementales y fundamentales derechos políticos del ciudadano.   Estos derechos políticos   están   plasmados  y  garantizados  por   la  Constitución Política de la  República  de Honduras, así como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas suscrita por el Estado de Honduras.

Y este atropello y violación a los derechos humanos individuales y a la soberanía popular se ha llevado a cabo impunemente a través de una trampa legal introducida por los caudillos de los partidos en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente desde 1981.    Al terminar los gobiernos militares de facto, erróneamente se le hace creer al pueblo que con esa ley   se ha retornado a la democracia.

¿Qué es democracia?

    Simple y sencillamente democracia significa que el ciudadano tiene la libertad y el derecho de “elegir y ser electo”, y así lo establece el Artículo 37 de la Constitución, sin más condiciones que las  establecidas en la misma Constitución.

 

 

 

Aun para el cargo público más alto, el de presidente, el Artículo 238 de la Constitución señala que se requiere únicamente:

1. Ser hondureño por nacimiento
2. Ser mayor de 30 años
3. Estar en el goce de los derechos ciudadanos; y
4. Ser del estado seglar.

(Nótese que no dice, como sostienen incorrectamente muchos, que debe  saber   “leer y escribir”.  Y así  debe ser porque el pueblo puede y debe elegir  a quien quiera ─ aunque  sea solo hipotéticamente, porque en la  realidad  no  elegirá  a  alguien  que  no  sepa  leer  o  escribir.)

Este derecho es personal, individual e intransferible tanto para elegir como para ser electo.

¿Por qué no tenemos,  ni  hemos  tenido, democracia?

A pesar que  la Constitución establece y garantiza claramente, y sin la más  remota  duda, que  el  derecho  es   del  ciudadano (Artículo 37), que el voto  es  directo (Artículo 44), que  es  punible  todo  acto  que prohíba o  limite  la  participación del ciudadano en la vida  política del país (Artículo 45), y  que  no  se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden  ….   si  disminuyen, restringen o tergiversan esos derechos  políticos   (Artículo  64),  una   ley   secundaria,  la Ley Electoral y de  las  Organizaciones Políticas, en   violación   abierta  y  temeraria  a esos artículos constitucionales, crea obstáculos artificiales, barreras arbitrarias, y requisitos absurdos para  que  el  ciudadano pueda ejercer sus   derechos   políticos.

La Constitución establece y garantiza los derechos políticos del ciudadano; sin  embargo, la Ley Electoral, en franca contradicción, le traslada ese derecho personal a los movimientos o corrientes de los partidos políticos.

Mientras la Constitución dice que el ciudadano tiene  el derecho de “elegir y ser electo”, la Ley Electoral, artículo 116) dice que “Tendrán derecho a postular candidatos para cargos de elección popular los movimientos, corrientes o tendencias de cada partido político…”   Y como si este abuso y arbitrariedad no fuera suficiente, la misma ley establece requisitos  enormes  para poder inscribir un movimiento, invalidando así el derecho constitucional del ciudadano.

Si democracia  es que el ciudadano tiene derecho de “elegir y ser electo”, NO puede ser democracia que una ley secundaria le quite ese derecho para transferírselo  a un movimiento, es decir, al dueño del movimiento, como vulgarmente se conoce, reconoce, y pregona.

¿Quién   puede   inscribir   un   movimiento   y  que  requisitos tiene   que  cumplir?

         Aquí se presentan otras violaciones inexcusables a los derechos  constitucionales   establecidos   en   los  artículos  44  y 45 de la Constitución al no  ser  el voto directo, y al crear limitaciones a la participación política del ciudadano.

Especificamente, el  Articulo 108 de la Ley Electoral manda que para que un  movimiento   pueda   participar  en  elecciones   internas, debe inscribir  nóminas o planillas de candidatos a cargos de autoridades (Comité Central,  Consejo, etc…)  a nivel local, departamental y de convencionales  o  delegados  en  más  de  la  mitad  de  los  departamentos y de municipios de la  república. (Esto  quiere  decir 10 departamentos y 150 municipios!  Si  no será  esto  una  limitación  a  la  participación  política!)

¿Quién o que es el movimiento?

Simplemente, un movimiento  es  en  realidad  un  aspirante  a   la presidencia  de la república.   En este sentido de la ley, no hay, ni puede haber, movimientos para diputado, alcalde, vicealcalde, regidor, y convencional!    Un movimiento  no  puede  existir sin un dirigente, y nadie forma  movimientos  para  que otro sea candidato a la presidencia.   El resultado   es   que el movimiento  es  el  precandidato   presidencial;  es el que   se   convierte en   el dueño del  o su  movimiento, como se refieren a él popularmente.  Y  como  dueño puede  disponer de su propiedad, es decir, de todas las candidaturas a cargos de elección popular, y por ende, quita y  pone  a  su  conveniencia  y   antojo,  a  quienquiera  en cualquier momento.

Por esa razón es que nadie, aun pasadas las elecciones internas, se siente  seguro  de  la  nominación y posición, privilegiada o no, que lleva en la planilla.  ¿Y a esto le llaman democracia?

Por  su parte, el  Articulo 116  de  la Ley Electoral, ordena  que  tendrán  derecho  a postular  candidatos los movimientos que inscriban listas o panillas  de  candidatos a los cargos de presidente (invariablemente el dueño del movimiento), designados (ahora vicepresidente), diputados, y corporaciones municipales, en más de la mitad de los departamentos y municipios de la república. 

¿No es  esta  una  barrera   (limitación  en el lenguaje de la Constitución)  monstruosa y arbitraria para el ciudadano que busca un solo cargo, y tal vez el más bajo de suplente?

Si alguien aspira a presidente ¿porqué tiene que remolcar esas inmensas planillas?

Si algún ciudadano quiere ser alcalde ¿porqué tiene que ir a buscar un movimiento presidencial que lo acoja?

Si algún ciudadano desea ser regidor, ¿porqué tiene que ir a buscar refugio  a  una  planilla  municipal, y  depender de la bendición del  candidato a alcalde y del  candidato  a  la  presidencia  quienes,  en  cualquier momento, pueden  aceptarlo  o  rechazarlo  sin  derecho  a  pataleo?

¿No es todo absolutamente contrario, y un atropello, al derecho individual y a la soberanía popular?

Así  las  cosas, por  disposición  artificiosa  de  una  ley secundaria, sólo  existe  oficial  y  legalmente  un  movimiento  para presidente, y este, en elecciones  internas,  arrastra  a  todos  los  demás  precandidatos a cargos de  elección  popular.

Si bien  se ha logrado, por benevolencia de los caudillos, que el voto puede ser separado para presidente, alcalde (y sus regidores), y diputados esta  opción  ha  sido burlada por el “voto en cascada”  que se han ideado  las  cúpulas de los partidos. ¡Por otra parte, para que exista esa opción hay que pertenecer forzadamente  a un movimiento!

En  conclusión, los artículos 108 y 116  no permiten que un ciudadano puede  postularse  por  si mismo,  dentro de su propio partido, a un cargo de  elección  popular  sin  la  bendición del  dueño del movimiento, o jefes de las  argollas  u  oligarcas políticos. (El caso de candidaturas independientes es otro tema, e igualmente contrario a los derechos constitucionales, pero está  fuera  de  esta  denuncia.)

¡Y todavía tienen la audacia y temeridad de llamarle a esto democracia?

En  una  democracia  no  hay  razón  por   la   cual  un ciudadano que  desee  representar  a  su   comunidad   como   diputado,  alcalde, vice-alcalde, regidor   o  convencional,   tenga  que  buscar  el beneplácito del “dueño” de un movimiento político.

El aspirante o precandidato debe responder únicamente por él mismo ante sus bases o electorado, y saldrá electo por voluntad de los votantes, por sus propios méritos, por su capacidad, por su honestidad, por su integridad, por sus propuestas, sin ser favorecidos o contaminados por un movimiento o dueño, y en muchos casos aun por el partido a que pertenece. (Estos son cargos eminentemente de responsabilidad individual, y no colectiva o de grupo.)

Confirmando la grave y perniciosa falta de democracia en Honduras, los caudillos de los partidos políticos se reúnen para negociar, entre si y para ellos mismos, las  reformas a la ley electoral que convengan a sus intereses y no a los  del pueblo hondureño.

La fotografía NO es una solución

Se le ha hecho creer al pueblo que la inclusión de la fotografía de los precandidatos es un gran  paso o adelanto democrático.   Si bien puede tener algunos méritos, la final de cuentas es un espejismo, un artificio para posponer las reformas verdaderas y democráticas que el pueblo clama, reclama, y necesita para ejercer sus derechos.

¿Quién va a decir que fotografías se exhibirán en la papeleta?

         ¡Pues, de vuelta, nada menos que el mero dueño del movimiento! (No es que los  interesados o aspirantes van a enviar sus fotografías para que los incluyan en la papeleta, estemos claros!)

Y  con esto, regresamos a la hegemonía de los oligarcas políticos, la cual permite, y les ha permitido,  un virtual monopolio de las instituciones públicas. Esta concentración de poder en pocas manos es una de las razones primordiales por las cuales se empeora y profundiza la condición de pobreza, violencia y desempleo del pueblo hondureño.

¿A quién  le sirve la fotografía?       

En primer lugar, como la huella digital en vez de firma, es para aquellos que nos saben leer, y que no podrían elegir por nombre al candidato de su preferencia.  Pero eso de la fotografía no es democracia; eso es reconocer un impedimento que en cualquier caso debe subsanarse.

En segundo lugar, serviría para una mejor identificación de aquellos homónimos (para el que sabe leer), suponiendo, que no es el caso, que hubiera una diseminación masiva de fotografías de delincuentes, prófugos, e inhabilitados legalmente, para que el votante no se equivoque o confunda involuntariamente.

El pueblo no puede ni debe conformarse ahora mismo con nada menos que su derecho constitucional de “elegir y ser electo” sin obstáculos artificiales de ninguna naturaleza.  Y esto debe ser para las próximas elecciones.

¿Es cara la democracia?

Los intereses en mantener la hegemonía de los partidos alegan que permitir que el ciudadano pueda “elegir y ser electo” sin pertenecer a un movimiento o corriente, sería “demasiado” caro (a pesar de tratarse de su derecho constitucional y no de un privilegio) ¡Qué argumento más absurdo y desatinado!

Ni  el tiempo ni el costo deben ser impedimentos.  La democracia no puede ser cara, y no puede ni debe ser postergada con pretextos pueriles.   Lo que es caro es lo que tenemos ahora  ─ gobiernos de argollas y nepotismo, pobreza, violencia, desempleo….!

Los responsables que ostentan los poderes públicos deben y tienen que dedicar el tiempo, el esfuerzo, y el dinero necesario para implantar los derechos humanos y democráticos de todos y cada uno de los ciudadanos de “elegir y ser electo“, directa e individualmente como lo garantiza la Carta Magna.

COMPATRIOTA:

Con tú apoyo y protagonismo podemos lograr, a corto plazo, que la Ley Electoral se reforme para que podamos ejercer todos nuestros derechos políticos en un ambiente democrático.  Solamente entonces los electos serán verdaderos y legítimos representantes del pueblo, respondiendo sólo al pueblo, rindiéndole cuentas cabales, y respetando en primer término el derecho y los intereses de las mayorías.

Este será sólo un comienzo.  Necesitamos después asegurar la representación  de todos los sectores.  Pero derogar  las  trampas  legales  de los jefes, es indispensablemente el primer paso en el camino correcto que nos permitirá realizar el único compromiso que tiene validez en la política: lograr el más alto nivel y mayor calidad de vida para el mayor número de personas posible.

Sólo en un pueblo libre para votar por quienquiera puede  haber genuina democracia.

Tomado de una charla de Carlos Urbizo.