Con la Revolución Francesa, y los ideales filosóficos de sus pensadores, se inicia la era moderna de la historia humana, y como un hito trascendental de esta etapa surge la noción del Estado de Derecho, garante de la libertad, igualdad y fraternidad. La teoría es sencilla, en esencia, el gobierno debe sujetarse a la ley, y la ley es la voluntad del soberano, el pueblo, en su cabildo o asamblea legislativa. Esta noción básica y rudimentaria, ahora, sigue siendo tan vigente y necesaria para los pueblos civilizados. Nadie puede estar por encima de la Ley, y el gobierno constituido debe garantizar la ejecución constante de la misma.
La teoría del Estado moderno de Derecho, además, potencializa la libertad humana, pues no solamente regula y limita la facultad del gobernante (sujetándolo a la ley), sino que garantiza que esa libertad no se verá limitada sino por aquellos casos que sean de beneficio a la colectividad, y bajo parámetros específicos y controlados. Este primigenio estado de derecho es conocido como el Estado Liberal, pues se enfocaba en la necesidad de garantizar al individuo su libertad, y dejarlo así a su suerte. De todos es conocidos que los pensadores liberales empleaban comúnmente el proloquio “Deja hacer, deja pasar”, como formula para mediar las facultades gubernativas.
Los Estados Liberales, orientan sus esfuerzos en garantizar la libertad personal, empresarial, patrimonial, contractual, y en general, cualquier tipo de libertad, sin interferir en el destino de sus ciudadanos[1]. Los gobiernos en los estados liberales suelen ser pequeños y de poco gasto corriente, el control es mínimo y la necesidad de personal (en los países poco burocráticos) resulta superflua. El problema con tal pensamiento es que, garantizar la posibilidad de ser libres, y su consumación, no suelen ir de la mano. Con la llegada los gobiernos de izquierda al poder, a inicios del siglo XX, los pueblos concluyeron en la necesidad de intervención estatal, especialmente en el área económica. Influenciados por el pensamiento Keynesiano, los nuevos gobiernos de izquierda, crearon económicas controladas, con severa carga tributaria, y favorecieron el florecimiento de la empresa estatal. Esta nueva orientación, obedece a la exclusiva idea que, si el gobierno genera ganancias, y recauda mayor ingreso fiscal, puede invertir en programas de desarrollo social, acercando la frontera de las clases económicas. Aunque en esencia tal pensamiento es benévolo, la práctica acarreo a algunos de los desastres económicos más grandes del siglo pasado, siendo imposible la subsistencia de tales economías[2].
Es en virtud de tales acontecimientos, tanto el fracaso de los Estados Liberales absolutos y los Estados Totalitarios – Keynesianos, que surge una nueva propuesta, el Estado de Bienestar. Si bien el estado de bienestar en su esencia y naturaleza es un estado liberal, orienta ciertas políticas económicas a la intervención social y destina recursos a reducir la franja económica de sus ciudadanos, tanto en la recaudación fiscal, como en aquellas ayudas parafiscales que sean necesarias.
Estados como el hondureño, son muestra clara de la teoría del Estado de Bienestar. El artículo 328 de la Constitución de la República, deja sentada las bases de la política económica hondureña al indicar que el sistema económico se fundamenta en la Justicia Social en la Distribución de las Riquezas, i.e. Justicia Distributiva. Continua la misma Carta Magna, en su artículo 331 garantizando las libertades económicas de los hondureños (ahorro, consumo, empresa, contratación, etc.), pero sin perder de vista la base primigenia. Esta noción, la Justicia Distributiva, ha informado los distintos elementos económicos del país, permitiendo controles estatales que, en Estados Liberales, no se encuentran, tal como el control de los precios de la canasta básica, el control del combustible, monopolio públicos, entre otros.
En esencia la idea de la Justicia Distributiva no es nociva o perniciosa. La intención es permitir que la intervención gubernamental drene cierto porcentaje de la rentabilidad del país hacia el sector menos favorecido por el mismo. Permitir que los recursos lleguen a la base poblacional, tiene muchos beneficios: movimiento en la economía, consumo, mejora la calidad de vida, favorece la reinversión, entre otros. El principal problema con esta teoría Keynesiana, es que los países latinoamericanos que lo han aplicado, no lo han hecho con la transparencia y gobierno adecuado, permitiendo que ciertos programas de intervención estatal, en lugar de promover la mejora en la calidad de vida, sirvan como fuente de manipulación de las finanzas publicas y del patrimonio colectivo, o como una forma de hacer campaña política. Estos fiascos y fracasos, son los que los conservadores duramente critican, tanto en las económicas liberales como en aquellas social-demócratas, ya que generan mucho gasto público sin ninguna mejora en la calidad media de la población.
Por esta razón, los mecanismos de intervención estatal han de utilizarse discrecionalmente y de la manera menos frecuente posible, como un leve factor de interacción económica, teniendo en mente que el abuso, y en muchas ocasiones simplemente su uso, puede generar un fuerte impacto en el sano administrar de la cosa pública, y en aquellas fuentes de las que el estado se sirve para liquidar su presupuesto, e.g. los impuestos, tasas y contribuciones parafiscales. Es deber del gobierno, facilitar la mejora de la calidad de vida y bienestar social, pero nunca a costa de la sana economía, ergo, la justicia distributiva debe aplicarse solamente cuando al gobierno se le ha generado la confianza suficiente de sus funcionarios, quienes deben demostrar honestidad y probidad.
Finalmente, es importante recordar que en la medida que el pueblo hondureño sea consiente de su participación en la economía, se aleje de la mentalidad mezquina que le ha caracterizado, siente las bases de un cuestionamiento de altura, fiscalización de pormenorizada y la urgencia de auditar a su gobierno, estos también generaran la confianza necesaria para realizar los proyectos de distribución económica necesarios y apropiados, sin abusar de los mismos.
[1] Incluyendo la proyección social.
[2] Esta historia parece repetirse actualmente con algunos países sudamericanos.
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