Extracto del libro: Una Economía Moral, escrito por Andrés López Obrador
«El otro distintivo del nuevo Gobierno es la separación del poder económico y el poder político. El Gobierno ya no es un simple facilitador para es saqueo, como había venido sucediendo, y ha dejado de ser un comité al servicio de una minoría rapaz. El Gobierno actual representa a ricos y pobres, creyentes y librepensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos … nivel educativo o posición socioeconómica. Ya existe un autentico Estado de Derecho y queremos convertir en hábito el ideal de nuestros liberales del siglo XIX: «Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie.»
En el periodo neoliberal, los gobernantes se acostumbraron a incumplir las leyes o a hacerlo solo en forma selectiva y discrecional. Esa conducta fue un mal ejemplo de ilegalidad para amplios sectores de la población y se causo de esa manera un gravísimos daño a las instituciones y a la moral publica del país. Para rescatar la confianza de la población en la legalidad, es indispensable que la autoridad sea respetuosa de ella. En virtud de este principio, en el Gobierno actual, todos los servidores publicas están obligados a obedecer y aplicar el marco legal vigente en todos sus aspectos. … Ademas se estableció el criterio de separar el poder político del poder económico, y el Gobierno se asume como representante de todos los mexicanos, no solo de una facción minoría. Como es evidente, este nuevo ordenamiento político contraste con las reformas promovidas durante el periodo neoliberal, cuyo propósito era, en esencia, trasladar los bienes públicos a particulares y utilizar al Congreso para legalizarlo. Recuerdese que, en ese lapso, la mayoría de los legisladores, que debieron haber actuado como representantes populares, eran en realidad fieles servidores de los potentados y de sus jefes políticos y, en concordancia con esa tarea, aprobaron las siguientes reformas:
- En mayo de 1989, al inicio de gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo (1989 – 1994) que permitió la venta de importantes empresas publicas al sector privado.
- El 27 de junio de 1990, el PRI y PAN reformaron el articulo 28 constitucional para entrar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el parado que reservaba al Estado la prestación del servicio publico de banca y crédito.
- El 6 de enero 1992, el PRI y PAN modificaron el articulo constitucional para poner a la venta las tierras ejidales.
- El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la Ley Minera para entrar concesiones a particulares – hasta por 50 años – para la explotación de oro, plata y cobre, eliminaron los limites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales, y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la historia mina de Cananea. Ademas, en ese sexenio, entregaron 6 600 000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a tres consorcios del país: Peñoles, Grupo Mexico y Carso. Y esta misma política continuo hasta el 30 de noviembre de 2018. En 36 años se concesionarios 90 000 000 de hectáreas, es decir, 45% del territorio nacional. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan descarada.
- El 22 de diciembre de 1992, los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy, tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se esta incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector publico y se detuvo el aumento en las tarifas.
- El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al articulo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación publica solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejo al mercado, como si fuera una mercancía, la educación media superior y universitaria. Desde entonces, unos 300 000 jóvenes son rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior. Para justificar este absurdo, se difundió la mentira de que los jóvenes no podían ingresar porque no aprobaron el examen de admisión, cuando en realidad na había cupo para ellos en los planteles públicos por falta de presupuesto.
- Wl 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%.
- El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de Mexico y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que, al terminar se sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedo con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país.
- El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los cuales fueron entregados de esa forma a operadores financieras privadas, nacionales y extranjeras -las Administradoras de Fondos para el Retiro, Azores- y con ellos, la administración sin transparencia – con altos costos por la operación y baja rentabilidad para los derechohabientes – de las pensiones de millones de trabajadores. En su primera etapa, la Azores llegaron a cobrar tres comisiones distintas: sobre el saldo en la cuenta, sobre los depósitos y sobre los rendimientos. Ahora, al menos hemos garantizado a los asalariados el manejo seguro de esos fondos conformados con sus ahorros.
- El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda publica. En la actualidad, al 31 de diciembre 2018, esta deuda rebasó el billón 200 000 millones de pesos, y de 1995 a la fecha se han destinado, solo para pagar intereses, más de 800 000 millones de pesos del presupuesto nacional, cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo.
- El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN reformaron la Ley del Impulso Sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Con ello, los trabajadores pagarán mas por sus pensiones y al final recibirán menos.
- El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores del PRO y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el impuesto del 2% por depósitos en efectivo, que más tarde aumentaron a 3%.
- El 24 de octubre de 2008, aprobaron la Ley de Petroleum Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivos – así les llaman – a empresas privadas, nacionales y extranjeras, para la explotación de petróleo, exclusiva y hasta por 25 años, mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Por cierto, la Suprema Corte convalidó esa reforma y rechazó una controversia constitucional presentada por cinco presidentes municipales alegando que «carecen de interés jurídico» en el tema. También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas. Siguiendo la cronología de la ignominia, recordemos que, mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la Ley de Ingresos, en la que aumentaron el IVA de 15 a 16%, incrementaron el Impuesto Sobre la Renta de 28 a 30% y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diesel, el gas y la electricidad.
- El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión como Presidente de la Republik, Enrique Peña Nieto firmó, con los partidos PAN, PRI y PRD, el llamado Pacto por Mexico, en el cual se acordó profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarais, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral, que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontrataron, el pago por horas y sin prestaciones sociales.
- E. 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada «reforma educativa», que tenia como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. La mayoría de senadores votó a favor de la modificación constitucional el 20 de diciembre de 2012. A partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio.
- El 18 de diciembre de 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones realizadas a los artículos 6,7,27,28,73,78,94 y 105. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no los de la ciudadanía, y permiten la censura previa y violan el derecho a la privacidad. Ademas, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indigenas y los derechos de las audiencias. La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular el sector. Sin embargo, este acabó favoreciendo a los «agentes económicos preponderantes» que han fortalecido su presencia en el mercado.
- En octubre de 2017, el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron considerados un retroceso democrático. Se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaria de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimientos de los derechos constitucionales. En los hechos, se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles a la diversidad y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la discriminación ni la violencia.
- El 17 de octubre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria que significó cobrar mas impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma, aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, fue modificada por la Presidencia mediante dos decretos de 26 de diciembre der 2013; en ellos, se estableció que el Ejecutivo tenía facultades para ejercer en la práctica un poder determinante en la definición de la política tributaria. El articulo 39 del Código Fiscal de la Federación (Cámara de Diputados, 2014) lo habilita para «condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios» y para «conceder subsidios o estímulos fiscales». Y eso es exactamente lo que hizo el expresidente Peña Nieto: otorgar estímulos fiscales a las industrias manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, y acordar diversos beneficios a otros sectores.
- No conformes con el avance en las privatizaciones de Petroleum Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los Senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% del potencial petrolero de país a empresarios particulares nacionales y extrajeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. No dejo de señalar que, cuando se aprobó esta reforma, solicitamos, de conformidad con el articulo 35 de la Constitución, una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, luego de reunir más de 3 000 000 de firmas y cumplir con todos requisitos, los ministros de la Suprema Corte, demostrando su lealtad a los mandases, declararon improcedente nuestra fundada petición.»
En el capitulo con el titulo «Hace una democracia participativa» Obrador escribe:
«También estamos transitando hacia una verdadera democracia y se acabará la vergonzosa costumbre de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres, y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el destine el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos irá a la cárcel sin derecho a fianza, porque cualquier violación de las autoridades o cualquier persona a los derechos políticos de los ciudadanos se ha convertido en delito grave.»
(Fuente: Andrés Manuel López Obrador, Hacia Una Economía Moral, paginas 79 – 90)
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